Lima, noviembre de 2025.- El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia anuló la sentencia de 10 años de prisión impuesta a la exmandataria interina Jeanine Áñez y ordenó su liberación inmediata, tras declarar que el proceso original no fue llevado por la instancia competente.
La decisión representa un giro inesperado en uno de los casos judiciales más sensibles de los últimos años en Bolivia. La condena, dictada en 2022, señalaba a Jeanine Áñez como responsable de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución durante su llegada al poder, en medio de la crisis política que estalló tras la renuncia de Evo Morales en 2019. Sin embargo, el Tribunal Supremo concluyó que el juicio no debió realizarse en un tribunal ordinario, sino bajo la figura de juicio de responsabilidades, reservada para expresidentes y altas autoridades del Estado.
A partir de esa observación, la sentencia quedó anulada y se dispuso la liberación inmediata de Áñez, quien permanecía en el penal femenino de Miraflores, en La Paz, desde marzo de 2021. Durante más de cuatro años estuvo detenida, primero de manera preventiva y luego tras la condena emitida por el denominado “Caso Golpe II”. Su liberación, según resolvió el tribunal, debe ejecutarse sin condiciones y sin retrasos.
La noticia provocó reacciones inmediatas dentro y fuera de Bolivia. Sectores opositores celebraron el fallo, señalando que la condena había sido resultado de presiones políticas. En contraste, el oficialismo expresó preocupación por la decisión judicial e insinuó que la resolución podría abrir un precedente para que otros exfuncionarios investigados busquen anular sus procesos.
Mientras tanto, la propia Áñez aún enfrenta otros expedientes abiertos. La anulación de esta sentencia no implica el cierre total de sus causas, sino únicamente la orden de que se repita el proceso bajo el procedimiento legal correspondiente. De esta manera, el Tribunal Supremo reconoce que hubo irregularidades en la competencia del juzgado que llevó el caso, pero no se pronuncia sobre la inocencia o culpabilidad de la exmandataria.
En el contexto político del país, el fallo llega en un momento especialmente polarizado. Bolivia vive meses de tensión tras las últimas elecciones, con avances de la oposición y crecientes cuestionamientos a la independencia del Poder Judicial. Grupos defensores de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, habían advertido sobre la necesidad de garantizar un juicio imparcial y bajo el procedimiento correcto.
La liberación inmediata de Áñez también repercute en el escenario regional. Distintos analistas señalan que las crisis políticas de los últimos años en Latinoamérica han dejado una estela de juicios y cuestionamientos que muchas veces terminan cruzándose con intereses partidistas. En ese sentido, la resolución del Tribunal Supremo boliviano alimenta el debate sobre la relación entre justicia y política en la región.
En Bolivia, el fallo vuelve a poner sobre la mesa el legado de la crisis de 2019. A pesar de la anulación de la condena, las posturas siguen divididas sobre la legitimidad del proceso que llevó a Áñez al poder, así como sobre el papel que jugaron las fuerzas armadas y otros actores institucionales. El nuevo proceso deberá desarrollarse con transparencia y bajo el mecanismo constitucional establecido, lo que podría tomar meses o incluso años.
Con ello, el país cierra un capítulo judicial, pero abre otro con implicancias políticas profundas. Para los seguidores de Áñez, la decisión representa una victoria legal y moral; para sus opositores, solo es parte de un camino más extenso. En cualquier caso, la resolución marca un precedente importante en la forma de juzgar a expresidentes y autoridades de alto rango en Bolivia.
Con información de RFI, MSN Noticias y Milenio.