Ica, febrero de 2026.- Un operativo conjunto del Estado permitió asestar un nuevo golpe a la minería ilegal en la Reserva Nacional San Fernando, donde fueron destruidos nueve campamentos rústicos, un socavón y diversos implementos utilizados para esta actividad ilícita. La intervención reafirma el compromiso de las autoridades por proteger las áreas naturales protegidas y frenar los delitos ambientales en el país.
La acción fue ejecutada por la Policía Nacional del Perú en coordinación con la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), y contó con el soporte técnico del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente.
Intervención en zona crítica de Nasca
El operativo se desarrolló en el cerro Huaricangana, ubicado en la provincia de Nasca, una zona identificada como punto crítico por la presencia recurrente de actividades mineras ilegales. Durante la intervención, las autoridades procedieron a la destrucción de un socavón de aproximadamente 1,7 metros de alto por 1,5 metros de ancho, así como de bidones de agua y combustible empleados para la extracción ilícita de minerales.
De acuerdo con la información oficial, estas estructuras representaban un riesgo tanto para el ecosistema como para la seguridad de las personas que operaban de manera ilegal en el área.
Un ecosistema frágil en riesgo
La erradicación de la minería ilegal en la Reserva Nacional San Fernando resulta clave para la conservación de uno de los pocos ecosistemas de desierto costero del país. Esta área alberga tillandsiales, formaciones vegetales únicas que cumplen un rol esencial dentro del corredor biológico de la zona.
Estas especies vegetales sirven, además, como fuente de alimento para los guanacos, fauna silvestre emblemática que transita por este territorio protegido. La presencia de campamentos y socavones ilegales genera una presión directa sobre estos hábitats, poniendo en riesgo el equilibrio ecológico y la supervivencia de diversas especies.
Lucha permanente contra los delitos ambientales
Desde el Sernanp se destacó que estas acciones articuladas forman parte de una estrategia permanente orientada a reducir la presión de la minería ilegal en áreas naturales protegidas. La coordinación entre la Policía, el Ministerio Público y las entidades ambientales permite intervenir de manera más eficaz en zonas de difícil acceso.
Asimismo, las autoridades subrayaron que este tipo de operativos no solo buscan la destrucción de infraestructura ilegal, sino también disuadir la reincidencia y enviar un mensaje claro sobre la defensa del patrimonio natural del país.
Compromiso del Estado con la biodiversidad
Con esta intervención, el Estado peruano reafirma su compromiso de continuar la lucha frontal contra la minería ilegal y otros delitos ambientales que amenazan la biodiversidad y los recursos naturales. La protección de áreas como la Reserva Nacional San Fernando es considerada prioritaria para garantizar la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las futuras generaciones.
Las autoridades anunciaron que los operativos continuarán de manera permanente, con el objetivo de preservar estos ecosistemas frágiles y asegurar que las actividades ilícitas no vuelvan a asentarse en zonas protegidas.