Capeco: “Construcción sigue al alza en febrero, pero debilidad institucional afectaría inversiones en 2024”

La actividad constructora en el primer bimestre del 2024 experimentó un incremento del 5.8% en sus niveles de producción, según cifras preliminares que brindó CAPECO durante la presentación del Informe Económico de Construcción (IEC) #75. Este aumento fue impulsado por un desempeño positivo del 65.4% en el avance de obras públicas, marcando así un segundo mes consecutivo de alza luego de un año difícil en el 2023, con una contracción del 7.9% en el PBI sectorial.

Según comentó el ingeniero Guido Valdivia, director ejecutivo de CAPECO, en enero de 2024, los tres niveles de gobierno lograron excelentes resultados en el avance de sus obras, con un aumento significativo en la ejecución de proyectos municipales, regionales y del gobierno central. «La ejecución de obras a nivel municipal se elevó notablemente en 274.6%, lo que marca un cambio de tendencia respecto al año anterior; mientras que la de los gobiernos regionales lo hizo en 177.7%», destacó Valdivia.

Además, el consumo de cemento – que explica casi el 75% del indicador que mide el PBI de la construcción, de acuerdo con el INEI – experimentó una ligera disminución del 1.5% en febrero respecto al mismo mes del año anterior, reflejando las dificultades que aún enfrenta la reactivación de la construcción privada, formal e informal.

Existe un relativo consenso entre entidades oficiales, consultoras privadas y empresarios de la construcción respecto a que el sector tendrá una performance favorable en el 2024, aunque discrepan en cuanto a la intensidad de este crecimiento. “El BCRP mantuvo, en su reporte de inflación de marzo, su proyección de una subida de 3.2%, el MEF estima un 3.0%, los constructores entrevistados por CAPECO esperan un 4.0% de incremento en su nivel de operaciones, mientras que las proyecciones de consultoras económicas fluctúan entre 0% y 4%”, detalló Valdivia, quien esclareció que estas perspectivas optimistas se sustentan en la moderación de las lluvias de verano, la reactivación de la inversión minera (que en enero se incrementó 4.3%, su mejor performance de los últimos cinco años), la puesta en marcha de una importante cartera de proyectos APPs, la reducción de las tasas de interés y una relativa estabilización de los costos de construcción.

Los retos para la inversión en el 2024

Se espera que tanto la inversión pública como la privada experimenten un crecimiento al cierre del presente año, aunque en diferentes intensidades. En el caso de la inversión estatal, el BCRP ha mantenido en su último informe su proyección de un aumento de la inversión estatal de 4.0% para el 2024, mientras que las consultoras privadas estiman que el incremento fluctuará entre 2.5% y 6.5%, promediando 3.9%, tasa similar a la estimada por el instituto emisor. En lo concerniente a la inversión privada, el Banco Central ha aumentado de 1.8% a 2.3% su pronóstico para el cierre del 2023, en tanto que las consultoras económicas prevén un crecimiento menos intenso: +1.8%, en promedio.

Estas tasas de aumento de la inversión pueden contribuir a la recuperación del sector construcción, de la economía y el empleo, pero subraya Valdivia, son insuficientes para impulsar un modelo de desarrollo económico sostenible en el país. “El alto nivel de desconfianza de los ciudadanos en los poderes públicos y las limitaciones estructurales del aparato estatal para desempeñar sus funciones básicas, son las principales causas de estas magras expectativas para la inversión”, agregó. En la encuesta de expectativas efectuada por CAPECO en febrero, los empresarios sondeados expresan que la ineficiencia del gobierno, en todos sus niveles, es el factor de riesgo de más alta probabilidad y de mayor impacto negativo en el sector construcción durante el presente año.

De otro lado, aunque las expectativas de las empresas respecto a la marcha de la economía en el corto plazo han presentado una mejora relativa, de acuerdo con la encuesta efectuada por el BCRP en el mes de febrero, la percepción de los inversionistas, ciudadanos y empresarios puede afectarse por el persistente debilitamiento del aparato estatal y la profundización de la crisis institucional en nuestro país. En este sentido, dos prestigiosas instituciones internacionales han alertado sobre el deterioro de la calidad de la democracia, de la libertad económica y de la seguridad jurídica en el Perú, lo que impactará notablemente en la inversión y el empleo, en caso de que no se revierta estas percepciones.

En las últimas semanas se han producido una serie de hechos que han impactado negativamente en la reputación del Perú como destino seguro para las inversiones, entre los que se puede mencionar los siguientes: La sentencia del Tribunal Constitucional que suspende el cobro de peajes en una de las estaciones de la carretera Lima – Ancón hasta que se construya una vía alterna; creciente tráfico de tierras en zonas aledañas a las instalaciones portuarias, afectando las condiciones de operación del puerto (y también del Parque Industrial de Ancón) así como el desarrollo urbano ordenado en Chancay y otros distritos de las provincias de Huaral y Lima Norte; y la demora y falta de disposición del gobierno central por honrar las deudas que mantiene la Autoridad de Transporte Urbano de Lima – ATU con las empresas formales que operan los corredores viales en la capital.

Estas dificultades se suman a las que hace mucho tiempo ha señalado CAPECO y a otras recientes que en los últimos meses se han profundizado como la paralización de obras y el retraso en los pagos a los contratistas. Todo ello obliga al Estado a adoptar un nuevo modelo de gestión de infraestructuras públicas, que contemple todas las etapas de su vida útil – desde la planificación hasta el cierre o reposición de las infraestructuras – y no solo se concentre en la de contratación. Es preciso indicar que por cada sol que se invierte en el diseño y construcción de una infraestructura, se debe destinar cuatro para la operación óptima en todo el ciclo de vida. En ese sentido, el reemplazo de la actual normativa de contratación de obras es el primer paso, pero no el único.

Retos y oportunidades en el mercado habitacional:

Los resultados recientes de la Plataforma de Mercado de Edificaciones de Lima (PME CAPECO) revelan que la venta de viviendas nuevas en Lima Metropolitana se redujo un 6,1% en el 2023, mientras que la construcción de edificaciones no comercializables, incluyendo viviendas para uso propio, aumentó significativamente en el 2023. Sin embargo, Valdivia precisó que debe señalarse que, en el cuarto trimestre del año pasado se produjo una recuperación de 6.1% en las ventas de viviendas respecto al tercer trimestre, lo que implicó una ligera baja en la oferta.

La realidad en el resto del país no es distinta. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento – MVCS sólo cuenta con recursos para financiar 4,580 Bonos del Buen Pagador del Crédito Mivivienda, lo que corresponde al 36.4% de la meta fijada por el propio MVCS para el año 2024. El monto faltante podría movilizar más de S/ 2,600 millones de inversión privada en vivienda, lo cual es crucial para el desarrollo del sector. El MVCS aprobó recientemente los nuevos valores de los bonos y precios máximos de las viviendas a financiar a través de los programas Mivivienda y Techo Propio, pero éstos todavía no permiten recuperar completamente la elevación de los costos de construcción que se ha producido desde marzo del 2020, cuando se inició la emergencia sanitaria, y que supera el 26%.

En el segmento de vivienda no social, cuyas ventas han venido recuperándose, se han presentado dificultades debido a decisiones tomadas por algunos gobiernos locales, como es el caso de la Municipalidad de Miraflores, que ha insistido en la paralización de 100 proyectos promovidos a través de las normas de construcción sostenible que la propia comuna puso en marcha durante la gestión del alcalde Luis Molina.

Los Panamericanos 2027: una nueva oportunidad para el desarrollo de Lima

La elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos constituye una buena oportunidad para posicionar a la capital como destino de inversiones inmobiliarias, enfatizó el director de CAPECO, para “amortizar” una parte de la inversión efectuada en el 2019 (incluyendo aquella que se destinó a la Villa Panamericana) y para desarrollar programas de renovación y revitalización urbana, por lo menos en las zonas aledañas a los equipamientos deportivos construidos para los juegos en el 2019. “Lima podía repetir la experiencia exitosa de inversiones urbanas en áreas urbanas emergentes como ocurrió en Cali con ocasión de los Panamericanos de 1972 y en Medellín en el 2010 cuando organizó los Juegos Suramericanos. Una adecuada coordinación entre autoridades (locales y nacionales) y empresas privadas es indispensable para alcanzar estos propósitos”, comentó Valdivia al respecto.

La reunión del Foro de Cooperación Económica Asia Pacífico – APEC de noviembre de este año, precisa el vocero, debería ser el punto de partida de un programa de promoción de Lima (y el Callao) como un hub regional para empresas de todo el mundo que deseen incrementar su presencia en la región sudamericana. La puesta en operación del Mega-Puerto de Chancay, del Aeropuerto Jorge Chávez, de la Línea 2 del Metro y el inicio de proyectos clave como el Parque Industrial de Ancón, o el Anillo Periférico Vial. Los juegos panamericanos que tendrán lugar dentro de tres años debe ser el punto culminante de este proceso transformador de nuestra capital.

La necesidad de un acuerdo social para el desarrollo

En la edición anterior del IEC, CAPECO reiteró la necesidad de emprender una estrategia integral para enfrentar la inseguridad ciudadana y en particular, la acción de poderosas bandas organizadas que son responsables de la violencia en las obras de construcción y del tráfico de tierras en áreas de expansión de las principales ciudades del país. Junto con la Federación de Trabajadores en Construcción Civil del Perú – FTCCP, se plantearon una serie de medidas como la creación de un cuerpo de élite de la policía, la implementación de instancias especializadas en la fiscalía y el Poder Judicial, así como inversiones en equipamiento y tecnologías de la información y comunicación (TICs). Además, se necesitan modificaciones legales para tipificar más apropiadamente los delitos y mejorar la eficiencia en los procesos de prevención, investigación y sanción de estos delitos. Se solicitó también que tanto la FTCCP como CAPECO formen parte de la Comisión de carácter permanente contra la violencia en obra que lidera el Ministerio del Interior.

En los últimos días, este esfuerzo de coordinación intergremial se ha extendido a otras entidades sindicales (la CGTP) y empresariales (CONFIEP, ADEX, Cámara de Comercio de Lima, AGAP y SIN) con el propósito de discutir y consensuar, con el Poder Ejecutivo y con el Congreso de la República, un gran pacto nacional contra la delincuencia y en favor de la paz social. Este acuerdo entre trabajadores y empresarios busca también abordar otros temas urgentes como la corrupción, la reforma de la Seguridad Social, la informalidad laboral y la reactivación económica.