Gobierno reactivará actividad petrolera del lote 192 sin remediar contaminación y sin garantizar seguridad en oleoductos deteriorados

El pasado 28 de febrero, se suscribió el contrato entre Perupetro y Petroperú, para reiniciar operaciones en el Lote 192 luego de dos años de actividades paralizadas. Asimismo, hace pocos días, Petroperú anunció a Altamesa Energy como su socia para la explotación del lote.  Sin embargo, mientras avanza el reinicio de actividades, la contaminación petrolera acumulada en 50 años de actividad sobre los territorios indígenas continúa sin remediarse. 

Luego de estar dos años inoperativo, la infraestructura y el sistema de ductos del Lote 192 se encuentran en muy mal estado y representa un alto riesgo ambiental. Al reiniciar las actividades, los ductos pueden colapsar y esto podría generar un mayor daño ecológico a la Amazonía, según denuncian las comunidades indígenas afectadas por el lote,  en Loreto.           

“Este Gobierno quiere reactivar la actividad petrolera del Lote 192 sin haber remediado la grave situación de nuestros territorios. Nuestra Amazonía se ha visto contaminada con un serio daño, nuestros ríos, nuestra tierra sigue contaminada y no se hacen cargo de la limpieza. Cómo es posible que se pretenda volver a explotar el lote sin haber limpiado lo que los operadores irresponsables no se hacen cargo. Si el lote entra en funcionamiento así como está y no da las garantías de que se harán los arreglos en los ductos estamos poniendo en grave riesgo nuestra vida, ríos y bosques” señaló Aurelio Chino Dahua, apu y presidente de FEDIQUEP.

En agosto del 2021, líderes indígenas de las federaciones y comunidades afectadas por el lote firmaron un acta con representantes del Ministerio de Energía y Minas, como resultado de un proceso de Consulta Previa que duró 2 años. En dicha acta, el Estado se comprometió a incorporar una nueva cláusula en el contrato petrolero, donde se mejoran los plazos para la adecuación y cambio de ductos; pero para ello falta que se cumplan largos plazos. Las comunidades y federaciones indígenas  exigen de inmediato un plan de  intervención que prevea y asegure el buen estado de los ductos para el reinicio de actividades, luego de estar inoperativos por más de dos años.

El acta de acuerdos de la Consulta Previa del Lote 192 tiene un total de 67 acuerdos para los próximos 30 a 40 años de explotación petrolera, referidos a la remediación ambiental, a la atención de la salud de las comunidades, entre otros. Hasta la fecha, gran parte de los acuerdos no se han cumplido. Por ello, las comunidades indígenas son claras al señalar que no permitirán que el lote vuelva a operar si no se cumplen los acuerdos y, sobre todo, si no se inicia la remediación ambiental.

Tras la firma del contrato para la explotación del lote con Petroperú, el Gobierno debe iniciar reuniones  con las comunidades indígenas y  las organizaciones que las representan. Estas han sido anunciadas por Perupetro para inicios de mayo. Las comunidades y federaciones esperan que las instituciones lleven respuestas, soluciones vinculados a los compromisos hasta ahora incumplidos por el Estado.    

Las comunidades indígenas piden al Estado que cumpla con sus obligaciones y compromisos que fueron plasmados en el acta de Consulta Previa firmada en el 2021, y que se realicen operaciones respetando sus derechos fundamentales.

“La protección del medio ambiente y la vida de las personas es un derecho fundamental que debe ser respetado y garantizado por todas las partes involucradas en la explotación de recursos naturales. Sin garantizar estos derechos, medidas de reparación por los impactos históricos no atendidos y medidas de remediación ambiental no se pueden asegurar condiciones mínimas para avanzar con estos proyectos. Es imperativo además asegurar la no repetición de prácticas operativas violatorias de derechos y un Estado y unas empresas que aseguren medidas de protección y salvaguarda para las comunidades afectadas por las operaciones petroleras”, señaló Yaizha Campanario de Perú Equidad, organización que defiende y promueve los derechos humanos, acompañando a personas y comunidades afectadas en sus derechos.

De acuerdo a las comunidades, si bien permiten el ingreso de Petroperú, señalan que la empresa no ofrece la confianza necesario para asegurar el respeto de derechos, ya que la empresa nacional a abierto un juicio a ocho hombres y mujeres indígenas en la zona que defendieron sus derechos frente a un derrame en 2018. Por otro lado, Petroperú no cuenta con los  antecedentes ambientales suficientes, al ser una empresa contaminadora en el Lote 8, donde operó entre 1974 y 1996.