Por: Antonio Álvarez Silva – Especialista Gestión Pública
Ganar una elección otorga el poder legal, pero la legitimidad operativa se conquista o se destruye en los primeros 100 días de gestión. En el Perú actual, la tradicional «luna de miel» entre el electorado y su nueva autoridad ha desaparecido por completo. El ciudadano ya no espera tres meses para exigir calles seguras, recolección de basura eficiente y respuestas ante emergencias; hoy, la paciencia vecinal dura exactamente lo que tarda en fallar el primer servicio básico.
La experiencia en la administración pública demuestra que un error frecuente entre los titulares de entidad que recién inician su gestión es creer que su mandato inicia con la juramentación del 1 de enero. En realidad, la labor arranca semanas antes, en las mesas de las comisiones de transferencia. Es allí donde el equipo entrante debe destapar la mayor ilusión administrativa del Estado: el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA).
Toda nueva autoridad asume su primer año ejecutando un presupuesto, metas y techos de gasto diseñados por la administración saliente. Confundir los millones que el PIA proyecta en el papel con la disponibilidad financiera real en la cuenta corriente es un error letal. Si en los primeros diez días de enero no existe liquidez comprobada para el combustible del serenazgo, la operatividad de las compactadoras y el pago de servicios esenciales, la maquinaria municipal simplemente colapsa.
A este espejismo financiero se suma la rígida pared institucional. Muchos alcaldes y gobernadores asumen con una visión de territorio moderna y planes vanguardistas, pero se estrellan contra un ROF (Reglamento de Organización y Funciones) obsoleto que no armoniza en absoluto con las exigencias de su gestión inmediata ni con la realidad de su jurisdicción. Frente a este desafío, la recomendación fundamental es priorizar la designación de funcionarios de alto nivel y probada experiencia que cumplan rigurosamente con el Manual de Perfiles de Puestos (MPP) y los estándares de SERVIR.
Para evitar que el primer trimestre se reduzca a un inventario de lamentos sobre la herencia recibida, la nueva administración debe proyectar liderazgo mediante una hoja de ruta implacable:
1. Operatividad y victorias rápidas: La prioridad absoluta es el control de la calle. Garantizar la continuidad del recojo de residuos sólidos, el patrullaje preventivo y el abastecimiento estricto de los programas sociales (Vaso de Leche y comedores) no es negociable. En simultáneo, se deben ejecutar acciones de alto impacto visual y bajo costo, como recuperar parques críticos y habilitar canales de atención ciudadana directos apostando siempre por la virtualidad.
2. Prevención y reasignación de caja: Ante las anomalías climáticas y la amenaza del Fenómeno de El Niño, la mitigación exige pericia para realizar modificaciones presupuestarias inmediatas que doten de fondos a la gestión de riesgos. El clima y los huaicos no respetan las curvas de aprendizaje burocrático.
3. Sinceramiento resolutivo: La auditoría de corte institucional es obligatoria. Se debe informar con precisión sobre las deudas coactivas, obras trabadas y laudos arbitrales heredados para delimitar responsabilidades legales. Sin embargo, este corte debe ser quirúrgico: se denuncia, se documenta y se pasa a la acción. Consumir los 100 días quejándose del antecesor solo proyecta impotencia institucional.
“Los 100 primeros días no resolverán las brechas históricas de un distrito o región, pero sentenciarán de manera irreversible la credibilidad del gobierno entrante. Gobernar con éxito no exige milagros; exige pericia técnica, orden financiero desde el día cero y la madurez política de entender que el capital electoral es un recurso no renovable que se defiende con eficiencia desde los primeros resultados de una elección”.