Lima, agosto de 2026.- La dependencia de combustibles contaminantes dentro del hogar continúa afectando a miles de familias en zonas rurales del país. De acuerdo con el informe Condiciones de Vida en el Perú del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el 21.7% de los hogares rurales peruanos aún cocina con leña, situación que evidencia la persistencia de una brecha en el acceso a soluciones de energía limpia y segura.
El uso de combustibles sólidos en espacios cerrados genera una exposición continua al humo que impacta la salud pública. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la contaminación del aire doméstico causa 2.9 millones de muertes prematuras al año en el mundo. Esta problemática está vinculada al empleo ineficiente de leña, carbón vegetal, residuos agrícolas y queroseno, insumos que incrementan la frecuencia de enfermedades respiratorias agudas y crónicas.
Dimensión social y desarrollo territorial El acceso a fuentes energéticas eficientes constituye un factor determinante para el desarrollo socioeconómico y la reducción de desigualdades en el ámbito rural. La transición hacia tecnologías y combustibles menos contaminantes permite disminuir riesgos sanitarios y mejorar las condiciones habitacionales.
Ignacio Schneider, gerente general de Limagas, destacó la relevancia de abordar este desafío desde una perspectiva integral. El ejecutivo señaló que promover soluciones energéticas accesibles en el Perú rural responde a un compromiso social para elevar la calidad de vida de las familias y garantizar un crecimiento inclusivo.
Articulación para cerrar brechas Superar la dependencia de materiales contaminantes en la cocción de alimentos requiere la acción conjunta entre el sector público y la empresa privada. La implementación de infraestructura, redes de distribución y programas de facilitación resulta clave para masificar el uso de combustibles limpios.
El fortalecimiento del suministro energético en áreas alejadas no solo contribuye a proteger la salud respiratoria de la población vulnerable, sino que representa un avance hacia la sostenibilidad ambiental y la equidad en los servicios básicos del país.