Lima, noviembre de 2025.- El expresidente Martín Vizcarra fue sentenciado a 14 años de prisión por recibir sobornos vinculados a las obras Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua, un fallo que marca uno de los procesos anticorrupción más relevantes de los últimos años en el país. La decisión del Poder Judicial incluye inhabilitación para ejercer cargos públicos y el pago de una reparación civil significativa, colocando el caso nuevamente en el centro del debate político peruano.
La lectura de sentencia estuvo a cargo de un colegiado anticorrupción que determinó que Vizcarra, cuando era gobernador regional de Moquegua, recibió pagos ilícitos de empresas constructoras a cambio de favorecerlas en procesos de adjudicación. Según el tribunal, la evidencia permitió establecer que el exmandatario participó directamente en los acuerdos para asegurar que las compañías implicadas obtuvieran beneficios en ambos proyectos.
El caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua ha sido uno de los procesos más complejos que enfrentó la justicia peruana en los últimos años, no solo por el nivel de funcionarios involucrados, sino también por la magnitud de los contratos públicos investigados. Durante el juicio, los magistrados detallaron cómo se habrían producido las entregas de dinero y qué funcionarios cercanos a Vizcarra participaron en la intermediación de los presuntos sobornos.
Además de la pena efectiva, el tribunal ordenó una inhabilitación de nueve años, prohibiéndole ejercer cualquier cargo público durante ese periodo. La reparación civil supera los dos millones de soles, monto que deberá ser cubierto de forma solidaria con los demás implicados en el caso. Esta decisión fortalece la línea de fallos recientes que vienen marcando precedentes contra altos funcionarios peruanos.
Tras la lectura del veredicto, la defensa de Vizcarra anunció que apelará la decisión. El exmandatario, por su parte, aseguró que la condena responde a una persecución política y no a un proceso justo. Desde su entorno más cercano señalaron que agotarán todas las instancias legales para revertir el fallo, mientras que diversos sectores políticos reaccionaron con posiciones encontradas: desde quienes celebran la sentencia como un avance contra la corrupción hasta quienes cuestionan el manejo del caso por parte del sistema judicial.
A nivel público, la condena generó una ola de comentarios y análisis sobre el impacto que esta decisión tendrá en la institucionalidad peruana. Para algunos especialistas, el fallo reafirma la importancia de mantener procesos independientes que garanticen transparencia y sanción, mientras que otros consideran que el caso abre un nuevo capítulo en la relación entre justicia y poder político en el país.
Con esta sentencia, Vizcarra se convierte en otro expresidente peruano que enfrenta prisión por casos de corrupción, un patrón que continúa alimentando el debate sobre la profundidad de la crisis política y la urgencia de reformas estructurales. La resolución, más allá de su impacto inmediato, abre interrogantes sobre el futuro del sistema judicial y la capacidad del Estado para prevenir que actos de este tipo se repitan.
La condena, además, llega en un escenario de fuerte polarización y desconfianza ciudadana hacia las instituciones, por lo que el desenlace del proceso de apelación será seguido de cerca. Lo cierto es que este fallo coloca nuevamente al país frente a una discusión inevitable sobre ética pública, control estatal y responsabilidad de quienes ejercen poder.
Con información de Euronews, Infobae y CNN en Español.