Trabajo infantil en Perú: informalidad, pobreza y el reto de erradicarlo
Lima, junio de 2025.- En el Perú, más de 703 mil menores de entre 5 y 17 años trabajan, según cifras de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO 2023). Esto equivale a 1 de cada 11 niños, niñas y adolescentes involucrados en actividades laborales, muchas veces en condiciones de riesgo y fuera del sistema educativo, especialmente en zonas rurales.
“El trabajo infantil obliga a los niños a usar tiempo y energía que deberían dedicar a su educación y desarrollo personal. Esto limita su aprendizaje y les impide adquirir el capital humano necesario para acceder a empleos de calidad en el futuro”, explica Rosa Luz Durán, investigadora del Observatorio Económico, Financiero y Social de la Universidad de Lima.
Durán destaca que uno de los principales factores que perpetúan esta situación es la informalidad laboral. Actualmente, más del 85 % de los jóvenes peruanos menores de 25 años trabaja en el sector informal, según el INEI. En estos contextos, donde los ingresos familiares son bajos y no existe acceso a protección social, las familias dependen del trabajo de todos sus miembros, incluidos los niños.
En zonas rurales, la situación es especialmente grave: el trabajo infantil es 5,6 veces más frecuente que en áreas urbanas. Más de la mitad de los menores de entre 5 y 17 años realiza labores, principalmente como trabajadores no remunerados en actividades agrícolas familiares.
“Sin políticas públicas con enfoque territorial, que respondan a las realidades rurales, la informalidad seguirá empujando a los niños a trabajar. El crecimiento económico, por sí solo, no reduce el trabajo infantil, a menos que sea inclusivo y redistributivo”, advierte Durán. Para cambiar esta realidad, es indispensable garantizar el acceso a educación de calidad, salud, empleo formal para adultos y redes de protección social.
¿Qué se puede hacer?
Los programas sociales como Juntos en Perú y Oportunidades en México han demostrado ser efectivos. Estas transferencias monetarias condicionadas permiten que las familias mantengan a sus hijos en la escuela incluso durante crisis económicas, reduciendo significativamente el trabajo infantil.
Respecto al salario mínimo, Durán señala que un incremento real podría reducir la dependencia del ingreso infantil al mejorar los ingresos de los adultos. Sin embargo, en un país con alta informalidad como el Perú, muchas personas ganan por debajo del salario mínimo legal, especialmente en sectores rurales y agrícolas. Además, un aumento mal planificado podría elevar los niveles de informalidad en pequeñas empresas.
Un reto de todos
Erradicar el trabajo infantil no es solo una obligación legal, sino una inversión social. “No podemos hablar de desarrollo sostenible mientras millones de niños continúen trabajando. Combatir el trabajo infantil es garantizar una infancia libre, segura y con oportunidades reales de construir un mejor futuro”, concluye la investigadora.