Lima, febrero de 2026.- La destitución de José Jerí no es un hecho aislado ni una anomalía coyuntural. Es, más bien, otro capítulo de una historia que se repite con una regularidad inquietante: en el Perú, los presidentes pasan, pero la crisis permanece. En menos de cinco años, el país ha visto desfilar cerca de una decena de jefes de Estado, entre electos, interinos y transitorios, todos marcados por la brevedad de sus mandatos y por salidas abruptas del poder.
No se trata solo de nombres ni de ideologías. El problema es más profundo. La presidencia peruana se ha convertido en un cargo sin horizonte, donde gobernar implica sobrevivir día a día a la presión política, a la confrontación permanente y a la amenaza constante de una censura o vacancia. En ese escenario, la planificación de políticas públicas de mediano o largo plazo se vuelve una quimera.
Cuando la excepción se vuelve regla
Lo que antes era un recurso extremo hoy parece parte del funcionamiento cotidiano del sistema. El Congreso de la República del Perú ha asumido un rol protagónico que, si bien está amparado en la Constitución, se ejerce con una frecuencia que erosiona la estabilidad democrática. La censura y la destitución ya no sorprenden; se esperan. La excepcionalidad se normalizó.
Cada nuevo presidente asume con un reloj en cuenta regresiva. La prioridad deja de ser gobernar para convertirse en resistir. Resistir interpelaciones, mociones, investigaciones, alianzas frágiles y una opinión pública exhausta. Así, el Ejecutivo pierde capacidad de liderazgo y el Estado entra en una lógica de parálisis funcional.
Un país atrapado en la rotación del poder
Esta inestabilidad no es inocua. Tiene efectos concretos en la vida diaria. Las reformas se congelan, los proyectos se postergan y la confianza —tanto interna como externa— se debilita. Inversionistas, organismos internacionales y ciudadanos observan un país donde las reglas cambian con cada nuevo gobierno, o peor aún, donde no hay tiempo para que esas reglas se consoliden.
La sucesión constante de presidentes también profundiza la desafección ciudadana. Cuando ningún mandatario logra completar su periodo, la figura presidencial pierde legitimidad simbólica. El mensaje implícito es peligroso: el voto parece no garantizar gobernabilidad y el poder se redefine en el terreno de la confrontación política antes que en el de las urnas.
¿Responsabilidades compartidas?
Reducir el análisis a la figura del presidente de turno es un error recurrente. La crisis es estructural. Involucra a un sistema de partidos fragmentado, a un Congreso que actúa como actor político dominante y a un marco institucional que facilita la confrontación sin ofrecer salidas de consenso.
El problema no es solo quién gobierna, sino cómo se gobierna y bajo qué incentivos. Mientras destituir sea más sencillo que construir acuerdos, y mientras la política se base en la lógica del desgaste, el país seguirá atrapado en un ciclo de inestabilidad recurrente.
Gobernar sin tiempo, decidir sin futuro
La pregunta de fondo es inevitable: ¿cómo se puede conducir un país cuando el poder es efímero? ¿Cómo exigir resultados a gobiernos que nacen debilitados y con fecha de caducidad implícita? La democracia no se agota en la legalidad de los procedimientos; necesita estabilidad para producir resultados.
Perú enfrenta el desafío de romper con la presidencia fugaz y recuperar el sentido de continuidad institucional. De lo contrario, cambiarán los rostros y los discursos, pero la crisis seguirá intacta, recordándonos que sin tiempo para gobernar, tampoco hay futuro que planificar.