Mal uso de la Ley de extinción de dominio en Perú: Un caso de justicia mal aplicada

En los últimos años, la Ley de Extinción de Dominio ha generado controversia, particularmente por su aplicación en casos donde algunos bienes son incautados sin que existan pruebas directas de su relación con actividades ilícitas.

Esta ley, promulgada en 2019, fue diseñada para combatir el crimen organizado, incluyendo delitos como el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando. La finalidad es clara, quitar a los criminales los bienes que adquirieron mediante actividades ilícitas o aquellos que utilizaron para cometer delitos. Sin embargo, su aplicación ha tenido efectos cuestionables.

Un ejemplo de esta problemática es el caso del empresario Pastor Flores, que en dos ocasiones, ha perdido vehículos nuevos debido a la aplicación de esta ley, luego de que mercancías prohibidas fueran transportadas sin conocimiento de la empresa.

Martín Ojeda, Gerente General de COTRAP-APOIP, expresó su preocupación en una reciente declaración: «La extinción de dominio, que en teoría es una herramienta vital para combatir el crimen organizado, se ha convertido en una espada de doble filo. En muchos casos, estamos viendo cómo pequeñas empresas y ciudadanos honestos pierden sus bienes por actos en los que no tienen ninguna responsabilidad directa. Esto no solo afecta su economía, sino también su derecho fundamental a la propiedad».

“La preocupación de los transportistas se traslada también al estado de sus vehículos, ya que en muchos casos están siendo utilizados por el Estado, sin que exista una sentencia firme ya que el proceso judicial continúa”, agrega Ojeda.

Igualmente, el Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, ha llevado este tema ante el Tribunal Constitucional, presentando una acción de inconstitucionalidad. La demanda alega que la ley, tal como se está aplicando, vulnera principios básicos de justicia y legalidad, al permitir que el Estado confisque bienes sin una sentencia firme ni pruebas concluyentes. A pesar de los reclamos, muchos especialistas coinciden en que la ley en sí no es mala, sino que su aplicación ha sido defectuosa y desproporcionada.

La lucha contra el crimen organizado sigue siendo crucial para el desarrollo del país, no obstante, es necesario revisar y ajustar la aplicación de la Ley de Extinción de Dominio. Las autoridades deben garantizar que esta herramienta sea utilizada para golpear a las verdaderas mafias y no a ciudadanos que, sin quererlo, se ven atrapados en una red de injusticia y arbitrariedad.