Lima, octubre de 2025.- El Estado peruano ejecutó una operación contundente contra la minería ilegal en el sector Azul del río Malinowski, dentro de la Reserva Nacional Tambopata, en Madre de Dios. La acción, liderada por la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental, logró la destrucción de campamentos, balsas y maquinaria empleada para esta actividad ilícita que amenaza la Amazonía peruana.
La interdicción, realizada el 2 de octubre, fue impulsada por el Ministerio del Ambiente, a través del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp), en coordinación con la Dirección de Medio Ambiente, la División contra la Minería Ilegal y la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (PNP), además del Ejército del Perú.
Durante el operativo se inutilizaron 8 balsas traca, 4 motores grandes, 12 motocicletas, 1 motocarguero, 7 campamentos, 3 bombas de succión y más de 150 galones de combustible, todos empleados en actividades de minería ilegal dentro del área natural protegida.
“Cada operativo es una victoria en defensa de nuestra biodiversidad. No podemos permitir que la minería ilegal ingrese a nuestras áreas naturales protegidas. Estos operativos demuestran el compromiso del Estado para frenar esta actividad ilícita y, al mismo tiempo, promover alternativas sostenibles como la producción de castaña o el turismo de naturaleza”, afirmó José Carlos Nieto Navarrete, presidente ejecutivo del Sernanp, quien supervisó las acciones en campo junto a más de 60 efectivos de la Fiscalía, la Policía, el Ejército y personal del Sernanp.
Defensa activa de la Amazonía
La Reserva Nacional Tambopata es un ecosistema vital para la conservación de especies emblemáticas como jaguares, guacamayos y nutrias gigantes. Con esta intervención, el Ministerio del Ambiente y el Sernanp refuerzan su compromiso con la protección de la Amazonía y la erradicación de la minería ilegal en las áreas naturales protegidas del país.
Estas acciones se suman a los esfuerzos permanentes del Estado peruano por fortalecer la articulación entre las instituciones de seguridad y justicia, promoviendo además actividades económicas sostenibles que beneficien a las comunidades locales y contribuyan a la preservación de la biodiversidad.