Lima, febrero de 2026.- Tras la paralización temporal de la marcha blanca del viaducto Javier Prado, la Municipalidad Metropolitana de Lima anunció la conformación de una Comisión Técnica Evaluadora del Plan de Desvíos, encargada de revisar la transitabilidad de las rutas alternativas. Desde una perspectiva académica y urbanística, esta etapa abre una oportunidad clave para corregir el enfoque operativo del proyecto y garantizar una implementación técnicamente viable y socialmente responsable.
El contexto no es menor. Lima lidera el ranking de ciudades latinoamericanas con mayor congestión vehicular, con 195 horas perdidas al año por conductor, superando a Ciudad de México, Barranquilla, Arequipa y Bogotá, según el informe TomTom Traffic Index 2025. En este escenario, cualquier intervención en ejes estratégicos como la avenida Javier Prado genera un impacto inmediato en la movilidad metropolitana y en la calidad de vida de miles de ciudadanos.
Para Carlos Morales Dávila, docente del área de Urbanismo de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Lima, el énfasis debe estar en soluciones técnicas concretas que permitan ordenar el tránsito, mitigar los impactos negativos y sentar las bases para un reinicio adecuado de la obra, evitando repetir escenarios de colapso vial.
Medidas inmediatas para ordenar el tránsito
Con la obra suspendida, la prioridad debe ser restablecer el orden vial en la zona afectada. “Corresponde devolver la capacidad plena a la avenida Javier Prado y optimizar la calibración de los ciclos semafóricos en las principales vías impactadas, como La Molina, Separadora Industrial, Las Palmeras, Los Frutales, Raúl Ferrero, Alameda del Corregidor, Club Golf Los Incas y la propia Javier Prado, con el objetivo de mejorar la fluidez vehicular”, explica Morales.
A estas acciones se debe sumar el refuerzo de la gestión del tránsito, mediante una mayor presencia de la Policía Nacional del Perú (PNP) y de personal municipal en los nodos críticos. Asimismo, resulta indispensable una comunicación clara y masiva sobre la suspensión de las obras y las rutas habilitadas, a fin de reducir la congestión residual y la incertidumbre entre los usuarios.
Correcciones prioritarias al plan de desvíos
Antes de reanudar la ejecución del proyecto, el plan de desvíos debe ser revisado de manera integral por la Comisión Técnica Evaluadora. Desde el punto de vista técnico, ello implica evaluar rigurosamente la capacidad real de las vías alternas para absorber los flujos vehiculares previstos, así como incorporar rutas adicionales o mejoras viales cuando sea necesario.
“El enfoque debe pasar de cierres totales prolongados a cierres parciales o escalonados, acompañados de una optimización de la semaforización —incluida la instalación de dispositivos temporales— y de una dotación suficiente de personal para la gestión del tránsito y la seguridad peatonal”, sostiene el especialista. A ello se suma la necesidad de incorporar simulaciones de tráfico y, de ser posible, pruebas piloto controladas antes de cualquier nueva implementación. Estas medidas deben complementarse con una señalización clara, consistente y visible en toda el área de influencia del proyecto.
Coordinación interinstitucional como condición clave
Morales subraya que este proceso exige una coordinación efectiva entre la Municipalidad Metropolitana de Lima, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU), los municipios distritales involucrados —La Molina y Santiago de Surco— y la PNP. “Solo con una acción interinstitucional articulada se puede garantizar que el sistema de desvíos funcione de manera ordenada y segura”, precisa.
Además, plantea la necesidad de establecer mesas técnicas permanentes que permitan un trabajo conjunto, transparente y orientado a soluciones compartidas, así como espacios de atención ciudadana que canalicen reclamos y demandas de manera continua durante la ejecución del proyecto.
Criterios técnicos para reanudar la obra
Finalmente, el urbanista señala que una obra vial solo debería reactivarse cuando cumpla criterios técnicos estrictos y verificables: señalización completamente instalada, simulaciones de tráfico validadas, evaluación comprobada de la capacidad de las rutas alternas y personal operativo debidamente capacitado y coordinado.
“Más allá de los indicadores técnicos, también debe aplicarse el sentido común urbano para asegurar que el sistema esté realmente en condiciones de operar sin generar externalidades negativas severas”, destaca. En cuanto a los plazos, considera que una revisión técnica exhaustiva debería tomar entre uno y dos meses, dependiendo de la capacidad del equipo designado y de la eficiencia de las coordinaciones interinstitucionales.
Invertir tiempo en una planificación sólida, concluye Morales, es preferible a improvisar y volver a generar un colapso vial con alto costo social para la ciudad.
Sugerencia de enlaces internos
– Congestión vehicular en Lima: causas y desafíos
– Proyectos viales y movilidad urbana en la capital
– Gestión del tránsito y planificación urbana