Lima, diciembre de 2025.- El Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (OSIPTEL) aprobó una nueva norma que establece un procedimiento más rápido y obligatorio para la baja de líneas móviles y el bloqueo de equipos celulares utilizados o vinculados a la comisión de delitos, como parte de las acciones orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana en el país.
La medida fue oficializada mediante la Resolución de Consejo Directivo n.° 134-2025-CD/OSIPTEL, y busca que las empresas operadoras actúen con mayor celeridad ante los requerimientos formulados por las entidades competentes encargadas de la lucha contra la inseguridad, como la Policía Nacional del Perú, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Ministerio del Interior y el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).
Si bien la suspensión de servicios públicos móviles ya se venía aplicando en el marco del estado de emergencia, esta norma consolida el procedimiento y lo vuelve permanente, con plazos definidos y obligaciones claras para las operadoras de telecomunicaciones. El objetivo central es frenar el uso de líneas móviles en actividades delictivas organizadas, como estafas, extorsiones y otros delitos que se apoyan en el uso fraudulento de la telefonía móvil.
La disposición se enmarca en lo establecido por el Decreto Supremo n.° 018-2025-IN, que aprobó los lineamientos necesarios para viabilizar la baja de los servicios públicos móviles y el bloqueo de los equipos terminales utilizados o vinculados a hechos delictivos. Con esta base normativa, el OSIPTEL refuerza su rol regulador y de supervisión, asegurando que las decisiones adoptadas por las autoridades competentes se ejecuten de manera efectiva y en plazos breves.
Procedimiento para la baja y bloqueo de líneas móviles
De acuerdo con la norma aprobada, una vez que el OSIPTEL recibe el reporte o la solicitud de una autoridad competente, la orden es trasladada a la empresa operadora correspondiente a través del Registro Nacional de Equipos Terminales Móviles para la Seguridad (Renteseg). Este registro funciona como una plataforma centralizada que permite canalizar y dar seguimiento a las medidas adoptadas.
Las empresas operadoras tendrán un plazo máximo de un día calendario para ejecutar la baja de la línea móvil y/o el bloqueo del equipo terminal, contados desde la notificación recibida por el Renteseg. Este plazo busca reducir al mínimo el tiempo en el que una línea o equipo podría seguir siendo utilizado para actividades ilícitas.
Además, la norma también regula el procedimiento de reactivación del servicio o desbloqueo del equipo móvil. En caso la entidad competente determine que corresponde levantar la medida, la empresa operadora deberá restituir el servicio en un plazo máximo de un día calendario, siempre que la solicitud se realice dentro de los 90 días posteriores a la baja o bloqueo inicial.
Obligaciones de información al usuario
Otro aspecto relevante de la norma es la obligación de las empresas operadoras de informar de manera clara y oportuna al usuario afectado por la medida. Esta comunicación deberá realizarse a través de todos sus canales de atención y deberá incluir, como mínimo, la fecha de la baja o bloqueo, el motivo de la medida, la entidad que la solicitó y los canales habilitados para consultas, reclamos u objeciones.
Con esta disposición, el OSIPTEL busca garantizar la transparencia del proceso y el respeto de los derechos de los usuarios, incluso en situaciones vinculadas a la lucha contra la delincuencia. La información adecuada permite que los ciudadanos conozcan el origen de la medida y puedan ejercer los mecanismos de defensa que la normativa contempla.
Sanciones por incumplimiento
La norma también establece consecuencias claras frente al incumplimiento. El no ejecutar la baja o el bloqueo dentro del plazo establecido, la falta de información al usuario o el no reporte de las acciones realizadas al Renteseg constituyen infracciones administrativas. Estas serán sancionadas por el OSIPTEL conforme al régimen sancionador vigente, que contempla multas y otras medidas correctivas.
De esta manera, el organismo regulador refuerza el carácter obligatorio de la norma y busca asegurar que las empresas operadoras cumplan un rol activo en la prevención del uso indebido de los servicios de telecomunicaciones. La aplicación efectiva de estos procedimientos apunta a cerrar espacios a la delincuencia y contribuir a un entorno digital y comunicacional más seguro para la ciudadanía.