Conoce las brechas sobre el acceso a la atención sexual y reproductiva, e interrupción legal del embarazo en menores que sufren de abuso sexual en Latinoamérica

En el Día Internacional de los Derechos Humanos, se recuerda que la Declaración Universal de los DD. HH. proclama que todos tenemos derecho a un nivel de vida “adecuado para la salud y el bienestar”, siendo el deber de los Estados promover y proteger estas legitimidades. En estas fechas, se hace más visible que muchos países de la región no cuentan con protocolos integrales que otorguen o garanticen los derechos de las niñas embarazadas producto de una violación sexual, ya que no se brinda una atención integral, tratamiento, recuperación y reparación de las vulneraciones sufridas.

Y con el propósito de abordar esta problemática, diversas organizaciones como el Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro -CLACAI-, con el apoyo de la Federación Internacional de Planificación Familiar de la Región del Hemisferio Occidental – IPPFRHO y respaldo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología -FLASOG-, se ha puesto a disposición de los Estados un documento que permite tomar medidas urgentes para frenar estos abusos, denominado Lineamientos para el diseño de protocolos de atención de niñas y adolescentes menores de 15 años con embarazo no intencional.

“Con los lineamientos esperamos que las autoridades operativicen políticas para erradicar las profundas desigualdades que afectan a niñas y adolescentes, ya sea previniendo los daños u otorgar el soporte necesario, sobre todo, en la atención oportuna, la calidad de emergencia, el seguimiento y reparación del daño que lamentablemente no se realiza en países de la región como Guatemala, Nicaragua, Ecuador, Perú, entre otros” enfatiza Susana Chávez, Secretaria Ejecutiva de CLACAI.

En Latinoamérica, existen algunos casos emblemáticos de niñas víctimas de violencia sexual, que fueron obligadas a ser madres sin encontrar justicia, y esperan que esta situación no se repita. Como es el caso de “Camila”, una niña peruana que a sus cortos 9 años fue constantemente violada por su padre, quedando embarazada. A ella el Estado le dio la espalda y al sufrir de aborto espontáneo paso de ser víctima a victimaria.

Por su parte, la guatemalteca “Fátima” de doce años, denunció que un funcionario público abusó de ella y pese a que reclamó justicia, el agresor escapó y ella se convirtió en madre, nunca recibió apoyo psicológico, abandonó la escuela por la discriminación que sufría y al no ser escuchada en su país, ahora pide justicia a nivel internacional. En Nicaragua, situación similar atravesó “Lucía”, una niña de once años que pertenecía al coro de una iglesia y que fue violada durante un año por el sacerdote. Ella resultó embarazada afectando seriamente su salud emocional.

A causa de estas brechas en el acceso a la atención sexual y reproductiva, e interrupción legal del embarazo en menores que sufren de abuso sexual en Latinoamérica, es que los casos de “Fátima” (Guatemala), “Camila” (Perú) y “Lucía” (Nicaragua)¹, tienen algo en común, y esa es la lucha constante que realizan día tras día por encontrar justicia al abuso del que fueron sometidas.

En ese sentido, este documento es de vital consulta para los Estados, en especial decisores y operadores de las áreas de la salud, educación y justicia que atienden a niñas en la región. Por ello, dichas organizaciones de la región, instan a los países a saldar esta deuda con el abordaje integral e intersectorial que abarque la articulación con el sistema educativo para la permanencia o reinserción escolar de la niña o adolescente, el seguimiento integral y atención psicosocial, la continuidad del tratamiento de salud mental en las situaciones de violencia, y sobre todo, enfocarse en la observancia de la situación de delito en caso de abuso para la presentación de la denuncia penal correspondiente.