Arbitraje: El Estado es el demandado el 95 % de las veces

 “Hoy es innegable que el arbitraje en el Perú es en su gran mayoría arbitraje de contratación pública”, señaló el especialista en gestión de contrataciones públicas, arbitraje y también procurador adjunto del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), David Ortiz Gaspar, durante el curso ‘Contrataciones con el Estado y Arbitraje’ organizado por la Cámara de Comercio de La Libertad (CCLL).

Durante el evento, el experto subrayó que el arbitraje se ha convertido en el principal medio de resolución de disputas comerciales y con el Estado. “Primero, debido a la decisión del Estado peruano de implementar el arbitraje, incluso para las controversias en las que el Estado es parte, a efectos de generar confianza y captar inversiones; por la desconfianza al Poder Judicial; y la dación de una adecuada legislación de arbitraje”.

De acuerdo a los resultados del estudio del Centro de Arbitraje y Resolución de Conflictos (CARC) de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP): “Panorama actual del Arbitraje”, Ortiz Gaspar expuso que el contrato más propenso a generar controversias es el contrato de obra, convertido en un foco de conflictividad en la contratación pública.

“La tendencia es que los arbitrajes sean resueltos por un Tribunal Arbitral colegiado antes que por un árbitro único. Esto demuestra que las partes se encuentran más cómodas designando cada una a un árbitro antes que ponerse de acuerdo para designar a un árbitro en conjunto. Sin embargo, se debe eliminar esa percepción de que el árbitro se debe sólo a la parte que lo designa (árbitro de parte) y no al proceso arbitral”, advirtió el letrado.

Asimismo, el estudio revela que el 70 % de los arbitrajes se resuelven hasta en un año; considerablemente más rápido que los procesos tramitados ante el Poder Judicial.En tanto, el Estado es el demandado por la contratista el 95 % de veces; sin embargo, el 74.8 % de las controversias se pueden evitar, prevenir o solucionar prontamente sin necesidad de un arbitraje, aplicando penalidades, resolviendo el contrato, mediante garantías, denegando ampliaciones de plazos, o al pedir al Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) la suspensión o la inhabilitación del contratista.

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